Violencia, libertad y desarrollo: La comunidad LGBTIQ+ en el Perú

La situación de la comunidad LGBTIQ+ en el Perú es sumamente compleja y enfrenta desafíos significativos. Según una de las pocas encuestas realizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en colaboración con IPSOS, se estima que más de 1.7 millones de peruanos forman parte de esta comunidad. En ella se ha identificado que el 98% de los encuestados manifiesta insatisfacción con el rol del Estado en la garantía de sus derechos como personas y familias diversas, así como con el reconocimiento de estos derechos por parte de la sociedad peruana (Citado en IPSOS, 2023). La pandemia del COVID-19 ha acentuado la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ debido a la falta de atención adecuada por parte del Estado. Esta situación ha tenido un impacto negativo en la salud y la situación económica del colectivo. Además, la comunidad ha enfrentado mayor riesgo de discriminación y violencia, especialmente en intervenciones de las fuerzas del orden durante la implementación de medidas sanitarias (PROMSEX, 2021). 

En este contexto, donde la violencia hacia la comunidad va más allá de unas cuantas agresiones sin sentido, es la violencia política la que transgrede las libertades individuales y desempeña un papel crucial en la configuración de la realidad de este colectivo. El tipo de violencia que se ejerce contra la comunidad LGBTIQ+ puede clasificarse como violencia biopolítica. Este concepto, pensado desde autores como Foucault y Arendt, hace referencia al tipo de violencia que se enmarca dentro de la gestión de la vida y la justificación o legitimación del uso de la violencia en función de la biología y la naturaleza humana (Citado en Celorio, 2017). Es así que,

la vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ+ no se limita a agresiones individuales por homofobia o transfobia, sino que es sistémica y está arraigada en las relaciones que el propio Estado configura al violentar los derechos de la comunidad. Esto, a su vez, vulnera sus libertades y el desarrollo que las mismas pueden alcanzar.

En relación con ello, la presente columna considera que la situación de la población LGBTIQ+ es desfavorable en Perú debido a la violencia biopolítica que enfrenta, la reducción de sus libertades y su desarrollo limitado.

En primer lugar, siguiendo la discusión teórica del texto de Drinot (2017), el Estado ejerce la violencia biopolítica de manera selectiva y diferenciada. Las medidas disciplinarias o coercitivas se aplican a quienes se consideran enemigos biopolíticos mediante un enfoque soberano. Pensando en la comunidad LGBTIQ+, se ha identificado que la violencia es sistemática y diferenciada, ya que se administra como una forma de gestionar poblaciones y derechos desde una perspectiva heterosexual, sancionando a lo no heterosexual (Celorio, 2017). Esta clasificación de violencia se materializa en la precarización de la ciudadanía, la negación de derechos y la discriminación por orientación e identidad de género.

En la sociedad, la violencia se reproduce mediante mecanismos de segregación y exclusión que vulneran a este colectivo a través del sistema jurídico, médico y en la exclusión de este grupo en políticas públicas. El sistema jurídico excluye a toda identidad no heterosexual de las leyes su protección en casos de crímenes de odio. La Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial rara vez investigan o juzgan con el agravante de discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo cual invisibiliza las identidades de las personas asesinadas (Chavez, R.).

Asimismo, la violencia biopolítica se plasma en el sistema médico. Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un decreto que categoriza a las personas trans como personas con algún problema de salud mental. Esto conlleva el riesgo de patologizar y estigmatizar aún más al colectivo. Al incluir estas definiciones, se perpetúa una visión médica negativa de las identidades de género y orientaciones sexuales diversas, lo cual puede alimentar discursos de odio y discriminación (Vallejos, 2023).

Un tercer mecanismo de segregación se da cuando el Estado excluye al colectivo de sus políticas públicas y los mantiene invisibilizados a través de normas o leyes, es decir, no reconocerlos como ciudadanos. El reconocimiento de la identidad facilita el ejercicio de derechos fundamentales, como la personalidad jurídica, el nombre y la inscripción en el registro civil (Valdivia, 2023). Sin embargo, en nuestro país no existe una ley específica sobre identidad de género, lo que priva a las personas de la comunidad LGBTIQ+ de acceder a derechos básicos, incluida la identidad. 

En segundo lugar, la violencia biopolítica sistemática ejercida contra la comunidad LGBTIQ+ reduce sus libertades y restringe su desarrollo. Según Berlín (1969), la libertad se entiende a partir de dos conceptos: libertad negativa y libertad positiva. La libertad negativa se define como la ausencia de coerción de un agente sobre las acciones de uno. Mientras que la positiva se define como “la libertad de ser dueño de uno mismo” (p. 22). Ambos conceptos no se excluyen, por lo contrario, la libertad positiva se alcanza mediante la libertad negativa. Es decir, sin libertad negativa, uno no puede ser libre en términos de libertad positiva. Ante estas definiciones, el reciente decreto del Minsa sobre la ley de identidad de género en el Perú atenta con la libertad de vivir la vida que la forma en que consideran valiosa vivir, atentando así con la libertad positiva. Sin embargo, esta libertad no está garantizada para las personas trans, debido a la vulnerabilidad a la que están expuestas al tener una esperanza de vida de 35 años (Vilchez, 2023). 

Por último, Sen (1999) define desarrollo como expansión de capacidades, entendidas estas como la libertad que tiene una persona de realizar una actividad que tiene razones para valorar. Esto se vincula con el concepto de libertad positiva, por lo cual, el desarrollo sería el incremento de la libertad positiva de la cual goza una persona. Lamentablemente, esto no ocurre con la comunidad LGBTIQ+, pues carecen de la capacidad para trabajar a razón de la exclusión y discriminación en entornos laborales. Según Herrera (2021), esta población está expuesta al acoso y maltrato dentro de un entorno laboral empresarial. Asimismo, la comunidad está expuesta a la discriminación en espacios públicos, educativos, espacios de comercio y ocio (JNE, 2018).

Reflexión

En síntesis, se afirma que la población LGBTIQ+ se encuentra en una situación desfavorable debido a estar expuesta a violencia biopolítica sistemática, reducción de sus libertades y tener un desarrollo limitado. La violencia biopolítica se ejerce y se reproduce mediante tres mecanismos: el sistema jurídico, el cual opera a través de la ausencia de una ley de protección a la comunidad; el sistema de salud, cuya atención e inclusión de las personas LGBTIQ+ se ha visto vulnerada por catalogarlas con alguna enfermedad mental; y, la exclusión del grupo en políticas públicas, lo cual se manifiesta por la falta de una ley de identidad de género que no permite reconocerlos como ciudadanos.

Por otro lado, las libertades de la comunidad se ven reducidas debido a los crímenes de odio y el limitado acceso a servicios. Lo cual se manifiesta en una menor esperanza de vida de 35 años para una persona LGBTIQ+ en comparación con una persona cisgénero de 76 años. Además, personas de esta comunidad no pueden vivir una vida plena con relación a lo que consideran valioso, pues se ven limitados por los mecanismos de reproducción del poder con base en un marco heteronormativo. Finalmente, tanto la perpetración sistemática de violencia biopolítica como la reducción de las libertades de los miembros de la comunidad, afecta el desarrollo que puedan alcanzar. Esto se observa en la gran discriminación y acoso a la que están expuestos en el ámbito laboral y educativo.

Este conjunto de acciones estatales legitiman una relación de dominación de lo heterosexual ante lo no heterosexual.

Sin embargo, donde se ejercen relaciones de poder es que surge la resistencia. La lucha de los colectivos LGBTIQ+ en el país responden a estas vulneraciones, resistiendo mediante su propia existencia, vía plantones o protestas a los abusos recibidos por parte del Estado.

Sumados a ellos, el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos genera la promoción de la inclusión de la comunidad en todos los estratos de la sociedad civil.