El suicidio en el Perú: un fenómeno silenciado por estigmas y carencias
- lespucp
- 30 sept 2025
- 13 Min. de lectura
Escrito por: Andy Escobar y Alexander Salazar
El Perú enfrenta una crisis de salud mental que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos años. La incidencia del comportamiento suicida ha incrementado significativamente, registrándose desde el 2016 hasta el cierre del 2023 un total acumulado de 8,900 intentos de suicidio (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2024). Recientemente, en el 2024, el Perú registró 745 suicidios, un aumento del 63% respecto al año anterior; sin embargo, solo entre enero y marzo de 2025, se reportó unos 642 intentos de suicidios de los cuales, lamentablemente, 253 casos terminaron en fatalidades (Arroyo, 2025; Verano, 2025). Esta situación no se detiene, puesto que, a junio de este año, la cifra ha aumentado a 290 defunciones por suicidio (Garcia, 2025). Frente a este panorama, lejos de ignorar el tema, nos resulta más necesario que nunca enfocar la mirada en aquello que está sucediendo en el país, cómo se está abordando la problemática desde diferentes niveles y cuáles son las acciones pendientes en la lucha colectiva contra el suicidio.
¿Cuáles son las implicancias del comportamiento suicida?
Antes de pasar a un análisis más detallado, es fundamental desmembrar el concepto de comportamiento suicida y sus implicancias. De acuerdo con el Manual MSD, el comportamiento suicida abarca un espectro de conductas relacionadas con la autodestrucción que van desde pensamientos hasta acciones concretas dirigidas a terminar con la propia vida (Moutier, 2023). Concretamente, es posible englobarlo en tres tipos de conducta: la ideación suicida, el intento de suicidio, y el suicidio consumado. Mientras que la ideación alude al proceso mental que puede ir desde pensar en la muerte hasta la planificación de estrategias de autolesión y actos preparatorios para el suicidio, el intento de suicidio es el acto autolesivo con intención de provocar la muerte, que no resulta mortal (Moutier, 2023; Pinzón, Moñetón y Alarcón, 2013). Lo importante a resaltar en esta concepción del comportamiento suicida es que cualquier persona puede adoptar cualquiera de estas conductas y que las mismas necesariamente suceden una detrás de la otra ni están relacionadas necesariamente con la presencia de un trastorno mental. Nuestra reflexión va por ese lado: nadie está exento de tener problemas. Un problema que es pequeño para uno puede que sea muy abrumador para otro, al punto de desear dejar de vivir. La persona con comportamiento suicida no necesariamente busca acabar con su vida, sino liberarse del sufrimiento y de ahí que las ideaciones o intentos de suicidio puedan identificarse como gritos de auxilio más que como deseos inequívocos de morir.
Ahora bien, entender por qué una persona opta por atentar contra su vida no debe ser visto de forma lineal. Hoy en día comprendemos que la presencia de un comportamiento no es solo debido a una razón sino al contexto y los aprendizajes que se han formado, pues es aquí en donde coexisten diversas variables. Entendamos dichas variables como factores que promueven la ideación suicida o el intento de suicidio: a estos factores los conocemos como factores de riesgo (Pinzón, Moñetón & Alarcón, 2013). Por ejemplo, el hecho de que la persona haya tenido intentos de suicidio anteriores, trastornos mentales, un consumo nocivo de alcohol, pérdida de trabajo o financiera, desesperanza, dolor crónico, antecedentes familares de suicidio, factores genéticos y biológicos (OPS, 2014). Todos estos son factores de riesgo individuales.
A estos se les suman otras influencias multidimensionales como la pobreza, la discriminación, la exclusión social, la violencia o la falta de acceso a servicios de salud, las cuales afectan el bienestar psicológico y aumentan el riesgo de desarrollar trastornos mentales (Dash et al., 2024; Mueller et al., 2021). Estos factores son conocidos como determinantes sociales, los cuales se presentan como factores de riesgo para la adopción de conductas suicidas debido a que las personas expuestas a circunstancias sociales desfavorables presentan mayor vulnerabilidad frente a problemas de salud mental (Al-Halabí & Fonseca-Pedrero, 2024; Kirkbride, 2024). En esta línea, a continuación nos proponemos explorar de qué manera se configura el suicidio como problema social, cómo se aborda desde diferentes dimensiones y las deficiencias actuales en la estrategia peruana.
Lo social: el peso del entorno
Si bien el trabajo de prevención del suicidio compete en una proporción significativa a los políticos y profesionales, existe un lado B de esta situación relacionada a la participación de la sociedad. Por un lado, la sociedad como variable presenta principales factores de riesgo que promueven la presencia de intentos de suicidio de los cuales encontramos, por ejemplo, el acceso a medios utilizables para cometer suicidio y el estigma asociado con comportamientos de pedir ayuda (OPS, 2014). Con respecto al acceso a medios podemos observar la presencia de la promoción del consumo de bebidas de alcohol, representación del uso de armas y consumo de drogas (OPS, 2014). La irresponsabilidad social también se puede abordar desde la omisión, como es en el caso de incomodidad, la falta de capacitación o creencias personales que lleven a evitar conversaciones sobre el acceso a este tipo de medios por considerar el tema como tabú, con lo cual se pierden oportunidades para la prevención (Runyan et al., 2016).
Por otro lado, existen valores sociales relacionados a debilidad o poca autonomía para personas que necesitan apoyo psicológico (Cueva & Fernandez de Córdova, 2022). Estos valores construidos en sociedad y atribuidos a personas con comportamiento suicida puede suponer un peligro importante al reducir los factores protectores. Las consecuencias se ven reflejadas en el aislamiento social que toman las personas por el poco apoyo que reciben de sus cercanos como es el caso de adolescentes y niños frente a conflictos familiares o dificultades académicas, lo que conlleva a un agravamiento del dolor emocional y el impacto en la salud mental debido al desarrollo de trastornos como depresión o ansiedad (Betancur et al, 2025). En el caso de la cultura peruana, la estigmatización de personas por no actuar de forma “masculina” puede también ser un punto de orígen para evitar que soliciten ayuda o hablen abiertamente de problemas personales, con lo cual mandatos sociales como “no expresar debilidad” o la valía asociada a ser autosuficiente en todo momento se convierten en factores de riesgo en cuanto a intentos de suicidio (Retamozo Espinoza et al., 2022; Vázquez García & Castro, 2009).
Lo profesional: la escasa atención a la salud mental
Desde lo profesional, tenemos un panorama consecuente y representado por la escasez. Los profesionales de la salud en el Perú mantienen una imagen casi inexistente debido a que acceder a salud mental es complicado por las pocas citas que se pueden programar, mientras que las que se llegan a concretar suelen ser de muy mala calidad, donde la satisfacción del usuario es baja. Esto se explica debido a la sobrecarga laboral que existe en los profesionales de la salud repercutiendo en su bienestar y desempeño: en resumidas cuentas, poco personal para muchas personas (Omonte, 2024; Valverde, 2024). Entendemos que esta situación guarda relación con la poca contratación de personal, muy probablemente por el poco presupuesto dirigido al sector salud. En el 2024, el presupuesto dirigido a salud mental fue de tan solo el 1,6% del total destinado al sector salud, muy lejos de lo recomendado por la OMS (3-5%) tras evidenciar los efectos de la pandemia en la salud mental de la población (Forbes, 2023; MEF, s.f.).
Por otra parte, encontramos la labor de los medios de comunicación sobre la difusión de la información, la cual muchas veces es tratada de manera sensacionalista (Muñoz, 2024). Según la OMS (Stack, 2020) al presentarse la información esta no debe tratarse como atributo valioso ni valor moral digno de imitar lo cual en oportunidades al estar ligado a personajes políticos existe una suerte de condescendencia o juicio de valor relacionado a la “valentía” yendo en opuesto a lo previamente mencionado. La forma en cómo los medios de comunicación proveen un imaginario sobre el suicidio de un político cercano ensucia y pone en riesgo poblaciones vulnerables que viven contextos diferentes. Al tratarse el suicidio de un tema altamente sensible, los medios “tienen una responsabilidad social fundamental que cumplir, especialmente cuando se trata de temas de salud” (Segura, 2020, p. 56).
Lo político: el suicidio como problema público
La magnitud del suicidio como problema público se evidencia desde la propia incidencia epidemiológica poblacional. En el Perú, 18 departamentos incrementaron sus tasas de mortalidad por suicidio desde 2017 a 2019 (Roman-Lazarte et al., 2023). Dada esta tendencia, uno esperaría que la política de prevención del suicidio sea una prioridad nacional: nada más lejos de la realidad. A la fecha, el Perú no cuenta con una estrategia concreta a nivel nacional específicamente orientada a la prevención del suicidio, mucho menos un compromiso con los colectivos más vulnerables. La publicación del Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitarios 2024 – 2028 se interpreta como una base normativa fundamental para el desarrollo de campañas de prevención y concientización (MINSA, 2024). No obstante, dentro del plan no se incluye una referencia explícita que indique que las actividades contempladas aborden el problema psicoemocional del suicidio.
En el papel, son los CSMC los que deben ofrecer el servicio de tratamiento y seguimiento a usuarios con comportamiento suicida y, si bien el número de centros ha ido en constante aumento, ello no necesariamente ha venido acompañado de una mejor calidad de atención. La mayoría de centros, al funcionar en espacios cedidos por convenios con municipalidades, enfrentan riesgo de desalojo. El convenio de cesión del CSMC Carmen de la Legua (Callao), tras solo 5 años, terminó en diciembre de 2024, suspendiéndose el servicio formal de agua, desagüe y electricidad (Briceño, 2025). Otros tres centros del Callao tampoco cuentan con cobertura de servicios básicos (Acosta González, 2025). Otros casos, como el centro de Almapaq Hampi (Lambayeque) no cuentan con los permisos ni el personal necesario para funcionar, mientras que el centro Lampa (Puno) ni siquiera cuenta con equipamiento o personal: simplemente no atiende (Torres, 2025). El problema entonces recae en que la política de salud mental solamente se resume en “abrir más centros”, cuando además de ello se debería garantizar la calidad de sus servicios.
Desde el ámbito político, en el mejor de los escenarios, se impulsarían políticas orientadas a fortalecer la atención en salud mental, reducir el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias, limitar el acceso a métodos potencialmente letales para el suicidio y promover campañas de concientización sobre la salud mental, los trastornos derivados del consumo excesivo y las formas de actuar frente a la identificación de conductas suicidas. Sin embargo, también intervienen otras variables vinculadas a las políticas públicas que inciden en el grado de desesperanza de las personas, como la pobreza, que en el caso del Perú se mide únicamente de manera monetaria y no desde un enfoque multidimensional. Esta medición multidimensional de la pobreza considera la privación en la salud, educación, acceso, vivienda adecuada y saneamiento (Cernaque Miranda, O. C., & Palacios-Sánchez, J. M. (2022). La mala praxis de estas evaluaciones tiene efectos negativos, aumentando la brecha social y generando políticas públicas ineficientes y poco innovadoras, siendo la salud mental de la población la más afectada debido a la relación entre la pobreza y la presencia de trastornos depresivos. (Martinez-Valera & Ayala-Mendívil, 2023). El desarrollo económico es importante entre las políticas de cada país pues se estima que el 79 % de los casos de suicidios ocurren en países de bajos recursos económicos (Caycho-Rodríguez, 2023). En el Perú el gobierno suele hacer hincapié sobre el logro de haber alcanzado una estabilidad y crecimiento económico, pero esto despierta cierta incertidumbre debido a que no se ve reflejado en la realidad de los peruanos. De esta manera, el suicidio permanece como un problema invisibilizado en la agenda nacional de salud mental.
Conclusión
La prevención efectiva requiere abordar los determinantes sociales y promover la equidad social tanto desde el lado de la reducción de la estigmatización como desde la equidad en el acceso a atención de calidad. Reconocemos una urgencia en cuanto a la participación política y sus consecuencias en lo profesional y social donde el acceso a la salud debe ser garantizado considerando la brecha social existente, a la par de la generación de espacios saludables y éticos tanto para los profesionales de la salud como de la comunicación, quienes influyen tanto en la sociedad como en los imaginarios colectivos. Asimismo, si bien hay un foco de trabajo relacionado a la prevención del suicidio poco se conoce sobre la posvención, el cual se orienta a brindar apoyo y cuidados a los familiares y amistades de la persona que ha muerto por suicidio. Según la OPS (2014) el estigma, los malentendidos y la discriminación que rodean el suicidio hacen que los familiares no sientan pena por la persona y esto pueda verse reflejado también indirectamente en el resto de la sociedad donde los malestares individuales o creencias limitantes no permiten el contacto con el otro que hoy día puede ser un extraño y mañana quizás nosotros mismos.
En un plano general, una adopción y ampliación del modelo comunitario efectiva necesita contemplar tanto una ampliación de la cobertura en atención en salud mental como garantizar la calidad de los servicios, así como garantizar la continuidad de cuidados (Hawton & Sinyor, 2025; Mann, Michel & Auerbach, 2021; Zalsman et al., 2016). Sin embargo, también son necesarias políticas intersectoriales que reduzcan el desempleo, la pobreza y la desigualdad, así como el fortalecimiento de redes de apoyo social y programas comunitarios, para disminuir los factores de riesgo estructurales existentes (Sinyor, Silverman, Pirkis & Hawton, 2024). Ahora bien, a nivel personal, nos resulta importante reafirmar la importancia de las redes de apoyo como un factor protector que promueve la resiliencia frente al suicidio (Sánchez Teruel & Robles Bello, 2014). Al hablar de apoyo emocional, lo que promovemos es el desarrollo de vínculos profundos, íntimos y confiables que doten a las personas de un sentido de pertenencia, ya sea con la familia, amigos, compañeros o la comunidad. Y para ello, en contraposición a la polarización cada vez más presente, la inseguridad ciudadana y la demonización del enemigo, creemos que parte del camino consiste en volver a abrirnos a la posibilidad de conectar y de empatizar con el otro, cosa que solo podrá alcanzarse con una sociedad más sensible, más consciente de las injusticias, más participativa y menos individualista.
Bibliografia
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