Mercado y Sociedad: reflexiones sobre la experiencia peruana de liberalización económica
Fernanda Tejada
25 abr 2024
5 Min. de lectura
Everybody talking to their pockets
Leonard Cohen
Las nuevas interacciones Estado-sociedad, tras la reestructuración económica de corte neoliberal en la década de los noventa, moldearon las instituciones públicas, generaron nuevos paradigmas de desarrollo y el mercado se convirtió en proveedor de servicios públicos tales como la educación, salud y transporte. En este ensayo, planteamos tres momentos para entender la evolución de esta relación. Por un lado, a pesar de las reformas liberales y la constitución de 1993, la capacidad institucional sigue siendo precaria. La liberalización económica ha favorecido al mercado, pero también ha planteado desafíos. Por otro lado, se argumenta que el desarrollo económico en Perú no se ha traducido en mejoras distributivas ni en la reducción de desigualdades y pobreza, debido a la falta de regulación efectiva del mercado y la insuficiencia de medidas que evalúen el bienestar social más allá del crecimiento del PBI. Finalmente, explicaremos esto detallado con un análisis de la educación peruana a raíz de la liberalización sobre ella. Asimismo, entenderemos como políticas neoliberales la aplicación primaria del Consenso de Washington: disciplina fiscal; redefinición del gasto público; liberalización financiera; una tasa de cambio competitiva; privatización de empresas públicas; y desregulación de mercados (Uribe, 2008, p. 164). Es por ello que comprendemos que el Perú pasó por una intensa reestructuración en su funcionamiento económico; sin embargo, no ha logrado estructurar una institucionalidad estable, mantener un modelo de desarrollo idóneo y el acceso a servicios se hace por medio del mercado antes que por lo público todo en un contexto de gran auge económico.
En primer lugar, el Perú de hoy construyó sus bases económicas en una institucionalidad débil. En este ensayo entenderemos a las instituciones como estructuras que pueden promover incentivos y desarrollar capacidades, como el Estado (Portes, 2012 citado de Dargent 2021, p. 39). Diversa literatura aborda la debilidad histórica del Estado peruano: burocracia débil, fuerte corrupción, politización y captura (Cotler, 1979; Paredes, 2013; Kurtz, 2014; citado de Dargent 2021, p. 47). Como vemos, Perú tenía una capacidad institucional muy precaria. La década previa a las reformas liberales ya nos mostraban un Estado destruido e incapaz. Es costoso fortalecer un estado débil. De esa manera, dentro de este marco reorganizativo del Estado es que aparece la constitución de 1993. Este marco legal permitirá mucho del crecimiento económico vivido durante el siglo XXI. No obstante, De Echave (2023), cuestiona que aquel marco normativo fuera capaz por sí solo de ser artífice de todos los beneficios de crecimiento macroeconómico de la década puesto que durante los primeros 10 años del siglo XXI se vivieron fuertes ciclos de ingresos fiscales a causa de la demanda de minerales en la región. Este dato nos parece importante resaltar que, incluso con la institucionalidad lograda en ciertos sectores, no es tampoco garantía de un mayor desarrollo ni inclusión. La liberalización económica implicó darle más libertad al mercado para que las fuerzas de la oferta y la demanda puedan operar sin muchas restricciones del gobierno. Sin embargo, esta liberalización a menudo se enfrenta a las necesidades y demandas sociales, como garantizar el acceso equitativo a servicios básicos o proteger el medio ambiente.
En segundo lugar, aún no hemos logrado un modelo de desarrollo que equipare el crecimiento macroeconómico con el bienestar microeconómico (Schuldt, 2004). La raíz del desafío en el crecimiento económico de Perú radica en la desigualdad arraigada en su modelo económico centrado en la exportación de recursos primarios y en el sector de servicios, así como en la estructura social y gubernamental. En otras palabras, existen problemas tanto de distribución tecnológica como institucional y política que subyacen en esta problemática (Gonzales, 2008). Sin embargo, el mercado y su débil regulación no han permitido la creación de instituciones legítimas capaces de ofrecer soluciones a los problemas sociales. Távara (2021) también subraya que utilizar el PBI como único índice de desarrollo es insuficiente. Es fundamental generar nuevas medidas que evalúen el bienestar social, ya que la capacidad de un Estado no se puede medir únicamente por su capacidad fiscal. Además, Contreras (2018) destaca que, aunque en los últimos años ha habido avances en la diversificación de una economía basada en exportaciones heredada de la época colonial, no se han producido cambios sustanciales significativos.
En tercer lugar, para comprender el impacto de la desregulación estatal en la provisión de servicios públicos en la sociedad vamos a analizar los aportes de Román y Ramírez (2014) sobre la privatización y diferenciación social en la educación peruana a partir de la década de 1990. Para las autoras, si la relación entre Estado y sociedad, previa a las reformas de mercado, se lograba, de manera débil, por medio del acceso a la educación y por ende a la ciudadanía, ahora el mercado moldeo esta relación a un discurso de superación personal, emprendedurismo y no dependencia estatal. De esa manera, el “mito” se transforma. La realización personal a costa de la participación estatal y el ascenso social se felicita, promueve y premia en estos nuevos discursos. La educación pública se configura como precaria y de mala calidad. De esta manera, los servicios dados por el Estado se plantearon ineficientes y se consolida la oferta de servicios en el mercado. Las autoras concluyen que las iniciativas educativas privadas crecieron de manera desmedida y existe poco interés en regular la oferta privada. No ha existido un marco que garantice la calidad ni equidad en el acceso a la educación. En consecuencia, ha generado una oferta heterogénea educativa que enmarca lo público a los pobres y lo privado a quienes pueden acceder a una mejor educación. Entonces, se genera la educación como un bien de consumo antes que como un ente de cohesión social.
En conclusión, hay evidencia suficiente para cuestionar la relación actual entre Estado y sociedad. Hoy en día, es imposible entender las políticas sin la acción de la economía en ellas, sobre todo en Latinoamérica. En las últimas décadas, se dieron grandes avances en materia de reducción de pobreza tanto monetaria como multidimensional. No obstante, si la crítica pasada fue el no logro de crecimiento económico, hoy es la no superación de desigualdades. Contar con grandes ciclos de crecimiento económico debido a que nuestra economía es predominantemente exportadora y toda Latinoamérica se benefició del boom de los commodities, no traduce necesariamente a una mejora de nuestra capacidad institucional y más bien refleja la dependencia de nuestras instituciones que logran efectividad a costa de grandes ingresos económicos y no genera un modelo sostenible en el tiempo. Como evidenciamos en el ejemplo de la educación, si bien la apertura al mercado de la educación generó un mayor acceso a este, no se traduce necesariamente en una igualdad en la calidad de este servicio. Y así sucede continuamente en un mercado sin un Estado capaz de brindar una regulación efectiva y presente que reconstituya el vínculo perdido entre este y la ciudadanía.
Bibliografía
Contreras, C. (2018). La economía peruana en vísperas del bicentenario de la independencia (No. 2018-459). Departamento de Economía-Pontificia Universidad Católica del Perú.
Dargent, E. (2021). El páramo reformista: Un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar al Perú. Fondo Editorial de la PUCP.
Román Alfaro, A., & Ramírez Villarán, A. (2018). ¿El mito sigue vivo? Privatización y diferenciación social en la educación peruana (1ra ed.). Instituto de Estudios Peruanos.
Schuldt, J. (2004). Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico: apuntes para el estudio del caso peruano, 1988-2004. Universidad del Pacifico.
Gran aporte!
Felicitaciones Fer!