Memorias silenciadas: El racismo institucional y las reparaciones simbólicas en el Perú posconflicto
Valeria Vidarte
27 dic 2024
8 Min. de lectura
El racismo institucional en el Perú ha sido un factor central en la configuración de las barreras de acceso a los mecanismos de reparación simbólica tras el Conflicto Armado Interno (CAI). Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la mayoría de víctimas de este periodo de violencia pertenecían a comunidades indígenas y campesinas, que habitaban en zonas rurales y que vivían en condiciones de pobreza (2003). Estas condiciones socioeconómicas y étnicas legitimaron una indiferencia a través de prácticas de exclusión y discriminación del Estado. En este contexto, las reparaciones simbólicas, diseñadas para restaurar la dignidad de las víctimas a través del reconocimiento público de sus memorias colectivas, se han visto obstaculizadas por la persistencia de un racismo institucional que dificulta su diseño e implementación. A partir de lo mencionado, este trabajo examina cómo el racismo institucional vulnera el acceso a las reparaciones simbólicas y, específicamente, la creación de espacios de memoria posconflicto.
El racismo institucional en Perú
Según la CVR (2003), 69 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno (CAI) entre los años 1980 y 2000. Esta cifra revela el impacto real de la violencia ejercida tanto por los grupos terroristas como por las fuerzas del orden; no obstante, es relevante señalar que el CAI afectó de manera diferenciada a los distintos grupos de la sociedad civil. Esto se debe a que aproximadamente el 75% de las víctimas mortales fueron personas cuya lengua materna era el quechua u otra lengua originaria, y cerca del 85% eran habitantes de comunidades en Ayacucho u otros departamentos de la sierra sur central (CVR, 2003). Estos números evidencian el perfil mayoritario de las víctimas: personas indígenas y campesinas, quienes habitan en zonas rurales alejadas de la capital y viven en condiciones de pobreza. Degregori et al. (2015) mencionan que estas características socioeconómicas y étnicas generaron una indiferencia del Estado en relación a la magnitud del Conflicto, lo cual tuvo implicancias en la expansión y larga duración de la violencia política.
El silencio entre las clases políticas limeñas en torno al número oficial de víctimas del Conflicto se sustenta en un factor clave: el racismo institucional. De acuerdo con Goldberg (2002), los estados modernos han sido formados y estructurados en torno a la noción de raza. De este modo, el racismo institucional se manifiesta en la regla racial, la cual determina quién debe ser objeto de vigilancia constante en la esfera pública y quien debe ser considerado un sujeto pleno de derechos. La regla racial se encuentra vigente en las creencias y prácticas discriminatorias interiorizadas y reproducidas entre los integrantes de las propias instituciones que deberían enfrentar el racismo como son el Poder Judicial o la Policía Nacional (Ardito, 2010).
En el contexto peruano, la población campesina e indígena ha sido históricamente marginalizada producto del racismo institucional. Por ello, la violencia normalizada durante el Conflicto Armado Interno (CAI) refleja la continuidad de lo que se ha denominado “la precariedad institucionalizada de las condiciones de vida en el campo” (Denegri y Hibbett, 2016, p. 46). De acuerdo con la CVR (2003), este sistema de exclusión histórica fue respaldado por la sociedad civil y, en particular, por la clase política dominante, debido a la presencia de categorías raciales en los imaginarios sociales que promueven una lógica de desprecio y temor hacia el otro indígena. En este sentido, se deshumaniza y menosprecia a las víctimas, predominantemente indígenas, al ser reducidas a estereotipos como “indios”, “chutos” o “serranos” (CVR, 2003, p. 114). Esta construcción del indígena como un enemigo ha reproducido escenarios históricos de desigualdad.
El racismo persiste y es legitimado en la actualidad a través de prácticas como el terruqueo. Según Aguirre (2011), el término terruco, un neologismo que sustituye a la palabra terrorista, se utiliza en el lenguaje cotidiano con la finalidad censurar a distintos sectores de la población como son las personas de origen indígena y rural (Aguirre, 2011). Esta práctica se ha constituido en una herramienta discursiva legitimada por las élites para construir un enemigo sociopolítico con un perfil indígena y campesino que es presentado como dañino y peligroso para la sociedad (Velásquez, 2022).
El proceso de reparación simbólica en Perú
En 2003, el Informe Final de la CVR presentó un conjunto de recomendaciones sobre la creación de un Plan Integral de Reparaciones (PIR). La relevancia de las reparaciones reside en que el Estado reconoce la dignidad de las personas que fueron afectadas por la violencia y la necesidad de sanar lo que se ha quebrado en ellas debido a las pérdidas y acontecimientos traumáticos (CVR, 2003). Existen distintos tipos de reparación, pero el que se enfoca en la restauración del tejido social quebrado por la violencia a través del reconocimiento público de las memorias colectivas es la reparación simbólica.
Según Patiño (2010), esta reparación tiene como objetivo el reconocimiento de la verdad y de las demandas de justicia a través de distintos elementos simbólicos que se convierten en puntos de referencia del pasado de un lugar. Existen distintos mecanismos de reparación simbólica oficiales tales como los espacios de memoria. Jelin (2002) sostiene que los agentes sociales materializan y activan las memorias a través de diversos vehículos como son los memoriales. Estos tienen la finalidad de difundir las memorias colectivas sobre el Conflicto, ya que designan espacios para recordar y resignificar el dolor de las víctimas. A través de distintos elementos simbólicos como las fotografías o vestimentas exhibidas, cada memorial puede generar que los visitantes reflexionen sobre los escenarios de violencia en el pasado y reivindicaciones de las víctimas en el presente.
El racismo institucional como una barrera de las reparaciones simbólicas en Perú
El racismo institucional ha obstaculizado el acceso sobre todo de la población indígena y campesina a los mecanismos de reparación simbólica en el Perú, en particular, a la creación de memoriales en las áreas más afectadas por la violencia. Si bien desde la CVR se han promovido mecanismos como el reconocimiento testimonial y las mesas de diálogo, estos esfuerzos no han logrado que las víctimas se consoliden como un actor colectivo clave en el proceso de reparación simbólica estatal. Esto se debe a la falta de iniciativas descentralizadas por parte del Estado y la inexistencia de una Política Nacional de Memoria. Ante esta situación, los sobrevivientes comenzaron a organizarse de forma independiente sin contar con apoyo económico ni asistencia técnica del Estado, y gestionaron la creación de sus propios espacios de memoria (Sastre, 2015). Por ejemplo, en octubre de 2005, la Anfasep inauguró el museo “Para que no se repita” en Ayacucho. Según Sastre (2015), este museo ofrece una oportunidad para el reconocimiento de la lucha por justicia y la agencia de las madres de la asociación en ausencia del respaldo político.
No obstante, la CVR (2003) sostiene que las medidas de reparación simbólica deben ser asumidas principalmente por el Estado. La falta de la acción estatal afecta el reconocimiento político integral de las víctimas como ciudadanas y personas con capacidad de agencia política. En esta misma línea, Jave et al. (2019) señalan que un grave problema es que los gobiernos locales y regionales carecen de voluntad política para asumir la búsqueda de personas desaparecidas como un asunto prioritario. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de Accomarca, Ayacucho, en donde hubo una masacre en 1985 perpetrada por el Ejército contra lo que se consideraba una base del PCP-SL. Según Garrido (2021), los habitantes organizados y los integrantes de la Asociación Hijos de Accomarca siguen a la espera de que el Estado construya o resignifique un espacio que honre sus memorias, como una forma de recordar a los desaparecidos. Este proyecto está paralizado desde 2020 debido a trabas burocráticas y falta de apoyo de las autoridades municipales (Garrido, 2021), lo cual refleja la indiferencia y falta de voluntad de los burócratas derivados de la discriminación étnico-racial. El racismo no solo ha afectado a personas que conforman las organizaciones de víctimas a nivel local y regional, sino también las que tienen un alcance nacional. Según Macher (2023), la Anfasep lleva más de 20 años exigiendo públicamente la refuncionalización del cuartel “Los Cabitos” en Ayacucho, lugar donde ocurrieron detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales entre 1983 y 1985. Sin embargo, este proyecto sigue paralizado debido a la limitada iniciativa estatal para generar un trabajo colaborativo continuo con esta asociación.
Conclusiones
En conclusión, el racismo institucional ha sido un obstáculo persistente en el acceso a las reparaciones simbólicas para la gran mayoría de víctimas del Conflicto Armado Interno en el Perú, quienes proceden de comunidades indígenas y campesinas. Aunque se han implementado algunos mecanismos de reparación simbólica, la centralización del poder y la falta de voluntad política las han posicionado en los márgenes del sistema. Esto ha generado que deban buscar por su cuenta el reconocimiento y la memoria colectiva. Esta exclusión perpetúa una forma de discriminación histórica que sigue moldeando la relación entre el Estado y las víctimas. La falta de iniciativas descentralizadas y el escaso apoyo institucional a los proyectos de construcción de espacios de memoria reafirman el legado del racismo institucional, lo que evidencia la necesidad urgente de políticas más inclusivas y efectivas para honrar a las víctimas y fomentar una reconciliación genuina.
De acuerdo con Jave et al. (2019), es fundamental que el Estado mantenga un rol activo y permanente en las reparaciones, lo cual requiere una mejor coordinación entre instituciones, y la asignación adecuada de recursos financieros, humanos y logísticos. Esto facilitará la participación activa de las víctimas en el ámbito público, permitiendo el reconocimiento público de sus memorias y de su papel como agentes sociales. Solo así se garantizará una mejor canalización de sus demandas por justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición.
Ardito, W. (2010). La promoción del acceso a la justicia en las zonas rurales [Tesis de posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1399
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003). Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Tomo I -Tomo IX).
Degregori, C., Portugal, R., Salazar, G. & Aroni, R. (2015). No hay mañana sin ayer: Batallas por la memoria y consolidación democrática en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos.
Denegri F. & Hibbett A. (Eds.). (2016). Dando cuenta: Estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú (1980-2000). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sastre, C. (2015). Tensiones, polémicas y debates: el museo "Lugar de la memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social" en el Perú post-violencia política [Tesis de posgrado, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133840
Velásquez, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. Revista e-l@tina, 20(80). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496470836005
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