¿Honor a quien honor merece?: La contradicción discursiva del Estado Peruano
Jose Alexander Salazar
21 sept 2024
5 Min. de lectura
La muerte de Alberto Fujimori ha reabierto heridas profundas en el Perú. Para algunos, fue el presidente que derrotó al terrorismo; para otros, un líder autoritario responsable de violaciones a los derechos humanos. Esta dualidad ha desatado reacciones opuestas: homenajes por su legado y rechazo por su historial. En medio de este debate, surge una pregunta clave: ¿cómo debería el Estado peruano enfrentar la memoria de una figura tan polémica?
En esta columna voy a buscar tomar distancia del sentimentalismo como posicionamiento político. Las personas afrontan la muerte de Alberto Fujimori de forma diferente, lo cual está ligado al impacto que ha tenido este personaje en sus vidas y las de su entorno familiar y social. Por esa misma razón no me corresponde dictar a los demás cómo deben sentirse al respecto. Sin embargo, sí puedo dejar en evidencia la contradicción discursiva que demuestra el Estado Peruano entre el compromiso con la reparación de las víctimas y la condena de las violaciones de derechos humanos, y la presentación de Alberto Fujimori como figura de “alta investidura”.
Para entender la actuación del Estado peruano, es esencial reconocer que el Estado no es un actor unitario, sino que está compuesto por partes funcionales. Según Easton (1992), estas partes conforman el sistema político, el cual tiene la doble función de asignar valores a la sociedad y lograr que sus miembros acepten estos valores como obligatorios. En vista de cumplir con estos objetivos y preservar el sistema, las partes asumen un rol de legitimación de las metas colectivas, por lo cual estos principios deben ser defendidos por las instituciones dentro de un marco democrático para ser considerados válidos por los ciudadanos.
Asimismo, tal como establece Parsons (1981), el sistema es interpretado a partir de la conjunción de sus partes y el todo. En ese sentido, el respaldo del Poder Legislativo y Ejecutivo a los honores y al duelo nacional mediante el Decreto Supremo N° 094-2024-PCM define el posicionamiento público del Estado como actor estructurador del proceso ante la población. De esta manera, se evidencia como los honores fúnebres están íntimamente ligados a la legitimidad del sistema institucional, pero, ¿cómo ello se relaciona con una contradicción discursiva? La paradoja se expresa en que el sistema político no puede sostenerse sobre valores autoasignados que el mismo sistema no cumple.
Este problema se refleja en el historial judicial de Alberto Fujimori y su posterior “absolución”. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló su responsabilidad en asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres a través del grupo “Colina”. Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta fueron confirmadas por sentencias de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo condenaron a 25 años de cárcel. A pesar de ello, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario en 2017, que recibió críticas porque, si bien no anula los crímenes, sí libra al condenado de la responsabilidad penal. Este indulto construyó un discurso que encubre la desvalorización de las condenas y avala la impunidad, negando a las víctimas su derecho a justicia y reparación.
El indulto, además, carecía de aval jurídico, como indica la CIDH (2011), que declaró que la legitimación democrática está limitada por normas internacionales de protección de derechos humanos. La CIDH rechazó el indulto y recomendó aplicar el control de convencionalidad, lo que llevó a la Corte Suprema a declarar el indulto como improcedente (Lovatón Palacios, 2018). No obstante, el Estado violó sus propios principios al restituir el indulto por sentencia del Tribunal Constitucional en 2022, lo que representa un grave error tal como indicaron los dos votos singulares en contra por considerarse una decisión contraria a la Convención Americana y al ordenamiento constitucional (TC, 2023), además de una falta de respeto hacia los valores democráticos y las víctimas. Esta restitución muestra una incongruencia con la postura inicial del MINJUSDH y el refrendo del decreto de duelo nacional.
La presentación de Alberto Fujimori como figura de alta investidura no solo implica reconocer la importancia del cargo, sino también el deber de actuar con integridad y respeto por las normas y principios que guían dicha función.Sin embargo, Fujimori nunca asumió responsabilidad por las muertes ni ofreció disculpas directamente a las víctimas, lo que demuestra una indiferencia flagrante hacia la población peruana. En línea con lo mencionado, la reciente aprobación de la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002 con la Ley N.º 32107 sugiere un intento de blanquear la imagen del expresidente. Este blanqueamiento envía un mensaje de que los valores estatales son aplicados selectivamente, lo que pone en riesgo el Estado de Derecho y reduce los incentivos para que los ciudadanos acepten estos valores.
En conclusión, la contradicción no sólo está presente, sino que resulta una marca que viene arrastrándose desde los inicios del personaje y que se mantiene aún después de su deceso. Desde una perspectiva simbólica y discursiva, rendir honores fúnebres a un exfuncionario público no solo implica reconocer su servicio a la nación y mostrar el respeto del Estado, sino enmarcar su figura en una narrativa histórica y política que transmite valores fundamentales de la nación. Cabe entonces preguntarnos qué valores estamos transmitiendo a la población peruana y a las nuevas generaciones. Lastimosamente, en un país con una historia de expresidentes corruptos y con actuaciones autoritarias e inhumanas, el cumplimiento del Protocolo resulta inaceptable si seguimos con la lógica de que todos ellos encarnan actitudes que el Estado no debería promover. Es por ello que hago un llamado a la reflexión crítica sobre cuál es el tipo de perfil de los líderes políticos que buscamos tener a futuro. Magnificar a autoridades por cumplir con sus funciones a la vez que ignorar o justificar las atrocidades que cometen supondría que nos conformamos con las malas autoridades y que no estamos comprendiendo verdaderamente la integridad como aspecto fundamental de la función pública.
Easton, D. (1992). Categorías para el análisis sistémico de la política. En D. Easton, Enfoques sobre teoría política (pp. 216-231). Buenos Aires: Amorrortu.
Parsons, T. (1981). El aspecto político de la estructura y el proceso sociales. En D. Easton, Enfoques sobre teoría política (pp. 113-174). Buenos Aires: Amorrortu.
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