top of page
Buscar

Campaña electoral disfrazada de entretenimiento: el financiamiento opaco a través de streamers durante las elecciones generales

Foto del escritor: lespucp
lespucp
12 sept
7 min de lectura

Autor: Leonardo Cieza - Estudiante de Economía de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú


Durante la campaña hacia las elecciones generales del 12 de abril, el candidato presidencial César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), recurrió a un esquema que se repitió en buena parte del entorno digital de la contienda: pagar a streamers y creadores de contenido para aparecer junto a ellos en transmisiones en vivo y videos virales, presentando esas apariciones como apoyo espontáneo y no como publicidad contratada.

Un reportaje de Panorama reveló que la campaña de Acuña habría destinado hasta 30 mil dólares para que streamers como Cristorata, Sacha Uzumaki y Neutro lo acompañaran en transmisiones por TikTok y la plataforma Kick (La República, 2026b).

El propio candidato calificó estas apariciones como contenido “orgánico o gratuito”, una etiqueta que, de mantenerse, le permitiría evadir la obligación de declararlas como aporte en especie ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) (La República, 2026b). Ese modus operandi —pagar por una cercanía que se exhibe como espontánea— no es una anécdota aislada de esta campaña: revela una práctica con implicancias legales, éticas y democráticas que el sistema peruano aún no ha sabido regular.




El perfil de estos streamers es revelador: contenido de entretenimiento, vida nocturna y retos virales dirigidos al público joven, con audiencias que en conjunto superan los dos millones de seguidores en TikTok y otras redes (Infobae, 2026a). A diferencia de lo que sugiere una etiqueta genérica como “plataformas digitales”, n(Canal N, 2026). La candidata a la primera vicepresidencia de APP, Jessica Tumi, negó cualquier pago a los influencers y atribuyó su cercanía con Acuña a una identificación espontánea de los jóvenes con él como “emprendedor exitoso” (El Comercio, 2026b). Esa versión contrasta con el propio registro de inversión digital de la campaña, así como con la lectura de un analista de marketing político consultado en el mismo reportaje de Panorama, quien explicó que la estrategia de Acuña en estos espacios busca construir una identidad de cercanía y cotidianidad antes que de transparencia (Panorama, 2026).

Este fenómeno no es casual: responde a un electorado específico.
Según Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional, 6.7 millones de peruanos tenían entre 18 y 29 años —una cuarta parte del padrón electoral— y 2.5 millones de ellos votaron por primera vez (RPP Noticias, 2025). Migrar la campaña a TikTok y Kick es, en sí mismo, una respuesta racional a dónde está ese electorado, pues la gran mayoría de los jóvenes no consume noticieros ni prensa escrita. Ese fenómeno político, sin embargo, no es el problema. El problema surge cuando esa migración ocurre sin las mismas reglas de transparencia que rigen a los medios tradicionales. Una encuesta de Datum para El Comercio encontró que las redes sociales son la principal fuente informativa para el 73% de los jóvenes, pero que el 70% desconfía de lo que circula en WhatsApp y el 63% de lo que circula en TikTok (El Comercio, 2026c). Es decir, los jóvenes consumen contenido político en las plataformas en las que menos confían y que, además, son las menos fiscalizadas. El riesgo no radica en el medio en sí, sino en la ausencia de mecanismos eficaces para transparentar quién financia los mensajes que circulan en él.



Esa falta de transparencia no es un aspecto accesorio: constituye el problema de fondo de este fenómeno.
La irregularidad de los aportes es el eje sobre el que se sostiene la opacidad del financiamiento digital. El especialista en derecho electoral José Tello explica que contratar influencers o streamers para hacer campaña no es delito, pero que ese gasto debe declararse ante la ONPE, y que no hacerlo configura omisión de información; el delito aparece únicamente si el dinero proviene de una fuente prohibida (Gestión, 2026). No obstante, la propia ONPE reconoce los límites de su capacidad de supervisión. Karina Rivera, subgerente de Supervisión de Fondos Partidarios, ha explicado que la entidad no tiene facultades para fiscalizar qué medio elige un partido para difundir su propaganda, porque la ley prioriza la libertad de elección por encima de cualquier criterio de idoneidad (Infobae, 2026b). Esa misma ONPE atraviesa, además, un desgaste institucional que no ayuda: tras las fallas logísticas del 12 de abril, su jefe, Piero Corvetto, terminó renunciando en medio de denuncias y cuestionamientos de varias bancadas del Congreso (El Comercio, 2026a). Mientras la entidad llamada a vigilar el dinero de la política enfrenta ese desgaste, los partidos con mayor presupuesto seguirán operando con ventaja en plataformas que nadie fiscaliza a fondo. Controlar estos espacios no equivale a limitar la libertad de expresión de los streamers; equivale a garantizar que la competencia electoral sea transparente y que los ciudadanos sepan quién financia qué mensaje.

Esta estrategia no es una ocurrencia exclusiva de Acuña ni del Perú. La cadena alemana Deutsche Welle (DW) ha bautizado este fenómeno como la llegada de una “política uberizada” a la región (2026). La comparación es clara: así como Uber terceriza el transporte a través de un conductor externo, el candidato terceriza su imagen a través de otra persona —el streamer—, que construye la cercanía emocional con el votante que antes exigía un debate o una propuesta de gobierno. En el Perú, esta lógica ya tenía antecedentes: el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, recibió en enero de 2025 al streamer estadounidense IShowSpeed en el Palacio Municipal y lo nombró “alcalde por dos horas”, mientras que el excandidato Martín Vizcarra también apareció en transmisiones junto al streamer Cristorata antes de que su candidatura fuera excluida por la ONPE (La República, 2026a). El patrón se repite porque funciona: el candidato se convierte en un producto que el streamer vende a su audiencia, sin las repreguntas ni el contraste que impondría un periodista. Esa es la esencia de la política uberizada: rapidez, desregulación y entretenimiento.


Esta forma de trabajo no se limita a quiénes contrata APP, sino también a sus financiadores. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la Imprenta Editora Gráfica Real S.A.C. —proveedora habitual del Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de Acuña— apareció como aportante de su campaña por 319 mil 300 soles en especie; consultado al respecto, el candidato dijo no conocer a la empresa (Canal N, 2026). El patrón se repite en sentido inverso: el mismo reportaje documentó que, tres meses antes de renunciar al cargo para postular a la presidencia, el Gobierno Regional de La Libertad contrató una campaña de “información institucional” en redes sociales por S/ 239,500, de los cuales S/ 185,000 se destinaron a pauta digital en Facebook, Instagram y YouTube con alcance nacional y no solo regional (La República Verificador, 2026). Es la misma lógica de la opacidad digital, pero operando al revés: en vez de dinero privado no declarado, dinero público usado para preparar el terreno de una candidatura que aún no existía formalmente. Este caso demuestra que la opacidad en el financiamiento no es solo un problema de declaraciones juradas: abre la puerta a un riesgo donde el dinero de los contratos públicos —y de los propios gobiernos regionales— termine financiando las campañas de los funcionarios que los administran.

Ante este electorado desinformado, Acuña no ofreció debate ni planes de gobierno: ofreció entretenimiento. Lo notable es que esa aparente espontaneidad —bailes virales, retos, conversación casual— contrasta con los más de dos millones de soles que la propia campaña declaró en plataformas digitales. El economista Miguel Santillana sostiene que el uso de creadores de contenido para llegar a jóvenes que “desconocen el pasado político del candidato” constituye una irregularidad que amerita supervisión bajo sospecha de financiamiento indebido (RCR, 2026). Dicho de otro modo: la opacidad de estos acuerdos no es solo un problema ético, sino un posible ilícito electoral.


Los jóvenes votantes pueden distinguir entre un candidato que los respeta con propuestas y otro que los trata como un recurso de marketing. Pero para eso necesitan información, no solo entretenimiento. Si esta tendencia continúa sin una intervención reguladora efectiva, el voto electoral se convertirá en una decisión banal y sin sustancia. Además, la banalización del voto no es una mera percepción: es la consecuencia directa de permitir que el entretenimiento reemplace al debate.
La pregunta que queda no es si los candidatos deben estar en TikTok o en Kick. La pregunta es si el Perú está dispuesto a exigir que esa presencia sea transparente. Eso requiere ampliar las facultades de la ONPE, establecer obligaciones claras de registro para contratos digitales y dotar al sistema electoral de herramientas a la altura del entorno digital en el que hoy se disputan los votos.





Referencias bibliográficas



 
 
 

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones
Agrega una calificación
bottom of page